EL CABILDO DE GRAN CANARIA RESALTA LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO DE CANARIAS ESCUCHE A LOS COLECTIVOS SOCIALES Y MANTENGA EL TOPE MÁXIMO EN LAS AYUDAS QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SALUD MENTAL RECIBEN PARA SUS GASTOS PERSONALES

El Cabildo de Gran Canaria, que colabora con 17 colectivos del sector y ha comprometido, en un año, más de 50 millones de euros en el sostenimiento de los servicios sociales que se prestan a las personas con discapacidad intelectual y enfermos de salud mental en Gran Canaria recuerda que hay que sentarse y dialogar con los colectivos sociales y Cabildos.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Política Social, que dirige José Miguel Álamo, ha comprometido durante este último año más de 50 millones de euros (50.387.382,63) en el sostenimiento de los servicios que funcionan en Gran Canaria para las personas con discapacidad intelectual y salud mental

Conscientes del importante papel que las entidades sin ánimo de lucro tienen en el entramado social y sociosanitario del Archipiélago, este esfuerzo económico se realiza de manera coordinada con los colectivos que agrupan o trabajan con estos ciudadanos y ciudadanas. Así, resalta Álamo, “el Cabildo de Gran Canaria apoya financieramente a un total de 17 asociaciones de personas con discapacidad intelectual o salud mental, en tanto son parte undamental en el entramado sociosanitario de la isla, teniendo que ser consciente de que si las mismas no existieran tendrían las instituciones un verdadero problema a la hora de poder prestar los servicios sociales y sociosanitarios.”

Por ello, señala el consejero de Política Social insular, José Miguel Álamo, el Cabildo de Gran Canaria muestra su preocupación por la inquietud existente en los colectivos de personas con discapacidad intelectual y salud mental ante la posibilidad de que el Gobierno de Canarias se esté planteando, en el borrador del decreto que establezca los criterios para determinar la capacidad económica de las personas beneficiarias de los servicios de atención a la dependencia (SAAD) y su participación económica en el coste de los servicios (copago) que tiene que desarrollar, la aplicación de criterios restrictivo, usando como excusa la legislación del estado. En vez de dar el carácter sumatorio que permite la norma nacional, que ya se lleva a cabo en otras comunidades autónomas como Murcia y Cantabria, con el fin de mantener en su totalidad el tope máximo en las ayudas que las personas con discapacidad intelectual y los enfermos de salud mental reciben para sus gastos personales. Pudiendo pasar, en el caso de aplicarse el decreto que, según los colectivos sociales, propone el borrador del Gobierno de Canarias, de los 234 euros que permite la normativa estatal a los 126 euros en los que se quedaría el dinero que recibiría una persona para sus gastos personales.

El consejero de política social insular recordó “que hay que sentarse y escuchar a los colectivos que representan a las personas y a los cabildos, que son las instituciones que realizan el mayor esfuerzo de gestión y de prestación directa de los servicios”. Y de esta manera, plantearse el Gobierno de Canarias otro tipo de medidas como “la reducción de los dos años de media que tardan los servicios bajo su responsabilidad en realizar una valoración para que un ciudadano o ciudadana canaria pueda acceder a los servicios sociosanitarios públicos” o “el incremento del precio plaza/día con el que se calcula el coste de los servicios incluidos en el Convenio de la Dependencia, que en muchos casos prestan estos colectivos, y que no se han actualizados desde hace 10 años (2004)”.

Álamo recordó que el apoyo del Cabildo de Gran Canaria al colectivo de personas con discapacidad intelectual y salud mental consta de tres líneas de trabajo fundamentales:

El apoyo financiero a un total de 22 programas que llevan a cabo un total de 17 asociaciones de personas con discapacidad intelectual o salud mental por importe de 811.492,31 euros, especialmente proyectos de ocio, tiempo libre y respiro familiar.

Su aportación al Convenio de la Dependencia para el sostenimiento de 2.080 plazas sociosanitarias destinadas a estos colectivos, que este año se ha visto incrementado hasta 4.956.516 euros por lo que Gran Canaria encabeza tanto el número de plazas en Canarias como su Cabildo es la Institución insular que realiza un mayor esfuerzo económico.

Y los más de 44 millones de euros (44.619.374,32 euros) que el Cabildo de Gran Canaria, través de su Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), ha comprometido de manera unilateral este último año, en gastos plurianuales con el fin de garantizar en el tiempo el funcionamiento de servicios públicos como la gestión de los cuatro CAMP de la Isla, los pisos tutelados o los programas de rehabilitación laboral para las personas con discapacidad intelectual y salud mental.